Por tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad a aquellos reos que sufran enfermedades terminales, menoscabo físico grave o hayan cumplido 70 años de edad, en el caso de los hombres, y 65 en las mujeres.
La propuesta fue impulsada por los parlamentarios de Chile Vamos, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique van Rysselberghe, y fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra.
La medida, que deberá ser discutida y votada en la Sala del Senado, propone que los hombres mayores de 70 y las mujeres mayores de 65 años condenados a penas de cárcel puedan cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario.
El senador Daniel Núñez señaló que, en caso de aprobarse, sería un mecanismo que busca una “impunidad brutal”. El legislador ejemplificó con el crimen del cantautor Víctor Jara, ya que, uno de los implicados en su muerte es Pedro Barrientos, quien acaba de ser extraditado desde Estados Unidos y tiene 76 años. En ese contexto, aseveró que “es una familia que toda la vida ha pedido justicia y hoy, con el proyecto de ley que ustedes proponen, se les estaría negando. Yo lo encuentro terrible, dramático. Nombro un caso, pero tenemos decenas de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en que los criminales que participaron de esos crímenes se podrían acoger a esta norma”.
Además, añadió que “esto permitiría que personas condenadas por abuso sexual, por ejemplo, a menores de edad, también hicieran uso de este beneficio e hicieran uso de prisión domiciliaria. ¿Sabe cuál es el problema de eso, presidente? Que muchas de estas personas lo hacen no solamente en forma física, a veces falta que solo tengan un computador con internet”, dijo durante el debate.
Desde Chile Vamos, el presidente de la comisión Francisco Chahuán descartó en conversación con T13 que la propuesta que beneficia a un determinado grupo de presos condenado signifique “impunidad”, aseverando que “todas las personas tienen derecho a sus derechos fundamentales. Esto en ningún caso implica impunidad ni faltar al principio de no repetición. Estamos basándonos en los pactos internacionales ratificados por Chile, como la Convención Interamericana sobre Personas Mayores”, planteó.