Con 83 votos favorables que se impusieron sobre los 45 contrarios y las 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó un nuevo proyecto de la agenda de seguridad.
En concreto, la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo con el fin de proteger el derecho a la manifestación y detener a las personas que utilizan artefactos explosivos para cometer ilícitos. Sin embargo, durante la tramitación sufrió un cambio, pasando de una falta penal, sancionada con multa, a un delito con pena de cárcel.
De esta forma, el proyecto ahora sanciona con presidio menor en su grado mínimo, entre 61 a 301 días, a quien porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas, en medio de reuniones o lugares de uso público.
"La opinión del Ejecutivo es que dado que el combustible no es un material que tenga circulación restringida, no es como las armas, nos parece que lo prudente es sancionar esto transformándolo en una falta penal", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Pese a que la secretaria de Estado llamó a rechazar el proyecto y continuar la tramitación en una comisión mixta, no fue escuchada por las coaliciones políticas no alineadas, como la Democracia Cristiana, Amarillos, Demócratas y el Partido de la Gente, ya que dichas bancadas respaldaron la iniciativa.
La norma tuvo el respaldo de toda la oposición y también algunos diputados representantes del oficialismo. Alexis Sepulveda (Partido Radical), Luis Malla (Partido Liberal), Raúl Soto (PPD) y Héctor Ulloa (Ind-PPD), dieron sus votos para la aprobación de la norma.
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