Por primera vez desde la creación del préstamo en 2005, la mayoría de las personas que estudiaron en universidades con el Crédito con Garantía Estatal (CAE) se encuentra actualmente en mora.
Según consigna el diario El Mercurio, un 54% se hallaba en esa condición al cierre de 2023, casi el doble que en 2017 (29%). En total, más de 540.000 personas se encuentran morosas, entre egresados (376.000) y desertores (164.000).
No es un problema privado: el Estado debe responder por esas moras y el año pasado le costó US$300 millones, el equivalente a los fondos que irán para la recuperación tras el megaincendio del Gran Valparaíso. Además, es un 48% superior a lo pagado en 2022 y casi el triple de 2019.
Según la Comisión Ingresa, entre los deudores egresados (375.000) y desertores (164.000) se llega a la cifra récord de 540 mil personas que estudiaron con un CAE y que se encuentran en morosidad.
En un informe, la Dirección de Presupuestos se concentra en la mayor morosidad de los egresados. Menciona dos razones posibles: el primero, “los efectos económicos de la pandemia”.
Pero en segundo término alude a la promulgación de la Ley N° 21.214 de 2020, que en lo pertinente prohíbe informar las deudas contraídas para financiar la educación en cualquier de sus niveles.
En términos prácticos, el registro de los deudores morosos fue borrado del Boletín Comercial, “implicando eliminar la necesidad de regularizar su deuda, e incentivando el no pago de su deuda a quienes mantenían al día los pagos, sabiendo que no habría registro de su morosidad”, según la Dipres.