PROTESTAS EN COREA DEL SUR POR LEY MARCIAL: EXIGEN RENUNCIA DEL PRESIDENTE YOON

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró este martes la ley marcial de emergencia para proteger el "orden constitucional" de actividades "antiestatales", de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de "fuerzas pronorcoreanas" en una declaración televisada.

"Para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales (...) declaro por la presente la ley marcial de emergencia", dijo Yoon en un discurso televisado en directo a la nación.

En este contexto, miles de manifestantes surcoreanos se congregaron en la madrugada de este miércoles frente a la Asamblea Nacional surcoreana para protestar contra la ley marcial decretada por el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y para exigir su dimisión.

Los manifestantes se congregaron frente a la puerta principal de la Asamblea, custodiada por un amplio dispositivo de seguridad, y mientras las tropas surcoreanas bajo el mando designado en virtud de la ley marcial trataban de acceder a la sede del poder legislativo.

El sorpresivo anuncio llega después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos. 

La ley marcial es un estado de excepción que es decretado con el fin de que se apliquen las normas legales que son reguladas por la constitución de cada país. 

En este caso, el presidente surcoreano no ha detallado cuáles serán las medidas que se aplicarán en territorio asiático. 

Según detallan en El Mundo, la ley marcial otorga facultades a las fuerzas militares y otros cuerpos policiales para salvaguardar el orden público. 

Con esto, los uniformados tienen facultades de realizar arrestos sin que ningún organismo jurídico controle sus actividades, lo que implica una limitación y suspensión de algunos derechos de las personas.